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La Registraduría Nacional del Estado Civil ha logrado avances significativos en el proceso de aseguramiento de los recursos necesarios para garantizar la organización de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Así lo confirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien explicó que ya se han cumplido dos de los tres pasos fundamentales para garantizar la financiación total del proceso electoral.
El primero de esos pasos fue la solicitud formal de recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El segundo, ya ejecutado, consistió en el traslado presupuestal por parte del gobierno. El último paso pendiente es la aprobación de las vigencias futuras, es decir, la autorización del uso de recursos de 2026 desde este año 2025, para poder planear y ejecutar con antelación las actividades operativas del proceso electoral.
“Solo estamos pendientes de las vigencias futuras, porque, como las elecciones son el año entrante, necesitaremos recursos tanto de este año 2025 como del 2026”, afirmó Penagos.
El registrador también señaló que el presupuesto total estimado para las elecciones es de 2.2 billones de pesos, una suma que incluye el despliegue logístico, tecnológico, de talento humano y de garantías para votantes y candidatos. Esto cubrirá tanto las elecciones legislativas como las presidenciales, que representan uno de los retos organizativos más grandes para el Estado colombiano.
La Registraduría ha insistido en la necesidad de contar con recursos suficientes con antelación, con el fin de evitar improvisaciones y garantizar procesos más transparentes, eficientes y seguros, especialmente en un contexto de creciente vigilancia ciudadana y desconfianza en las instituciones.
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Como veeduría ciudadana comprometida con la transparencia electoral, Colombia Evidente continuará haciendo seguimiento riguroso al uso de los recursos públicos destinados al proceso electoral de 2026.
Creemos que la democracia no solo se ejerce con el voto, sino también con una ciudadanía activa y vigilante. Nuestra labor es garantizar que cada peso asignado a las elecciones se traduzca en procesos confiables, accesibles y libres de cualquier tipo de manipulación o riesgo institucional.
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