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En medio de un panorama político cada vez más exigente y polarizado, Colombia ha comenzado a tomar medidas firmes para garantizar que las elecciones territoriales y las presidenciales de 2026 se desarrollen en un entorno seguro, transparente y libre de interferencias ilegales. La puesta en marcha de la “Ruta Segura” y el fortalecimiento del “Plan Democracia” marcan un esfuerzo coordinado entre múltiples entidades estatales, que buscan blindar el proceso electoral desde varios frentes: seguridad física, ciberseguridad, integridad electoral y acompañamiento institucional.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo el liderazgo de Hernán Penagos, ha sido uno de los actores centrales en esta estrategia. Esta entidad, encargada de organizar y garantizar los procesos electorales en Colombia, ha impulsado una transformación operativa para prevenir cualquier tipo de fraude, manipulación o interferencia externa. En articulación con la Policía Nacional, la Registraduría ha desplegado una ruta de trabajo concreta que involucra a más de 20.000 funcionarios y funcionarias, quienes están siendo capacitados no solo en la logística del proceso electoral, sino también en la identificación y denuncia de delitos electorales.
Uno de los puntos críticos abordados por esta iniciativa es la protección de candidatos, candidatas, líderes sociales y electores en territorios vulnerables. Para ello, entra en juego la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estas instituciones trabajarán coordinadamente para identificar los puntos de mayor riesgo, asignar esquemas de protección personalizados y establecer rutas de vigilancia permanente en municipios donde operan grupos armados ilegales, estructuras del narcotráfico o donde históricamente ha habido coacción al voto.
Al interior de la Policía Nacional, el liderazgo del general Carlos Fernando Triana ha sido clave para articular las distintas direcciones encargadas de ejecutar el “Plan Democracia”, un componente más técnico y operativo dentro del dispositivo nacional. La Dirección de Inteligencia, la Dijín, y la Dirección de Ciberseguridad tienen como misión central prevenir ataques cibernéticos, sabotajes informáticos y campañas masivas de desinformación que puedan alterar el desarrollo y los resultados del proceso electoral. En este punto, la colaboración con la Registraduría y sus desarrolladores tecnológicos es vital para monitorear en tiempo real tanto la infraestructura de datos como la comunicación en redes sociales y medios digitales.
Otro pilar del plan es la movilidad segura del material electoral, aspecto logístico que en anteriores jornadas ha sido objeto de preocupación por robos, demoras y alteraciones. La Dirección de Tránsito y Transporte será la encargada de garantizar que la distribución de los kits electorales se realice en los tiempos estipulados y bajo estrictas condiciones de seguridad. Este componente no solo incluye el resguardo físico de las urnas y papeletas, sino también la vigilancia de las rutas viales y los vehículos transportadores, coordinando esfuerzos con empresas logísticas y otras fuerzas de seguridad como el Ejército Nacional en zonas rurales o de difícil acceso.
En paralelo, se ha construido un mapa de riesgo electoral que destaca 22 municipios en alerta máxima, distribuidos especialmente en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, La Guajira y Arauca. Estas regiones han sido marcadas no solo por la violencia estructural sino también por intentos sistemáticos de manipular el voto a través de amenazas, compra de votos y control territorial por parte de actores armados. Frente a esto, se planean acciones diferenciadas como el aumento del pie de fuerza, instalación de puestos de control permanente, patrullajes mixtos y misiones institucionales itinerantes para acercar el Estado a las comunidades más vulnerables.
Además, el Ministerio del Interior, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE), jugará un papel fundamental en la supervisión legal y ética del proceso. La Fiscalía, por ejemplo, se enfocará en crear unidades especializadas para investigar delitos electorales en tiempo real, con capacidad de actuar en las 24 horas siguientes a la denuncia, mientras que el CNE intensificará la veeduría sobre la financiación de campañas políticas y el cumplimiento de topes de gastos.
Todo este engranaje de seguridad, prevención y vigilancia no solo busca blindar las elecciones, sino también recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Después de años marcados por escándalos de corrupción electoral, procesos amañados en ciertas regiones y dudas sobre la neutralidad de las entidades involucradas, el gobierno central ha decidido apostar por una transformación integral que, aunque compleja, es necesaria y urgente.
La ciudadanía, por su parte, tiene el papel crucial de participar activamente, informarse, denunciar irregularidades y ejercer su derecho al voto de manera libre y consciente. Este nuevo capítulo electoral no puede depender exclusivamente del Estado; requiere de un compromiso cívico colectivo que permita romper con viejas prácticas y renovar la esperanza democrática.
Con la “Ruta Segura” y el “Plan Democracia”, Colombia no solo se prepara para unas elecciones técnicamente organizadas, sino para una jornada donde la transparencia y la integridad sean protagonistas. La maquinaria institucional está en marcha. Ahora le corresponde al país responder con vigilancia, exigencia y participación.